San Isidro. Extraordinaria por el Jardín Tribilín. Mucho ruido, algunas nueces y una certeza: a quién le compete el control
7/3/13. En una extensa jornada deliberativa –que demandó más de seis horas de debate– el Concejo Deliberante de San Isidro se ocupó del sonado caso y elevó un proyecto de comunicación, votado por concejales de los bloques Acción Vecinal San isidro es Distinto, Consenso Vecinal, Peronismo por San Isidro y el FAP solicitando informes y numerosas precisiones a la Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia y a la DIPREGEP por las denuncias sobre el funcionamiento del Jardín Tribilín, en el que se investigan supuestos maltratos por parte de las maestras. Habilitación, relevamientos y antecedentes, informe de altas y bajas entre otras cuestiones fueron peticionados a los organismos provinciales responsables del contralor educativo y pedagógico. Además de requerimientos a ARBA, ANSES, AFIP a fin de entrecruzar información y así determinar la actividad que se desarrollaba y cómo se tributaba. 
Con todo, el debate mostró dos visiones: la de los concejales oficialistas –que tuvo en Carlos Castellano, Andrés Rolón, Jorge Alvarez y Pablo Fontanet, a sus principales expositores, tratando de echar luz sobre las responsabilidades-, en todo momento respaldando y acompañando a los padres y a los niños, repudiando lo sucedido, planteando que Tribilín desnudaba un caso sistémico en el ámbito educativo y, ajustándose a las normas, solicitando precisiones a los organismos provinciales, responsables del control y la de la oposición -que tuvo su voz más clara en Leandro Martín (FpV)- queriendo hacer extensiva además la indagatoria al Municipio sobre su responsabilidad. 
En un año político, signado por las elecciones de octubre próximo, no faltaron quienes entendieron que la primera extraordinaria representaba una vidriera inmejorable para empezar la campaña. Tal el caso de Pablo Chamatrópulos que apeló a un discurseo irónico y ciertamente provocador, para polemizar con la barra sin demasiado aporte sustantivo, otro joven edil se enredó en el pedido de una cuestión de privilegio por dichos que hablaban de una supuesta vagancia y entendía no se ajustaban a su laboriosidad, en un pasaje desopilante que remedó las pujas de estudiantina y poco aportaron al debate en sí. 
Sobre el final el presidente del bloque AVSID, Carlos Castellano advirtió que “sería irracional exigirle a cualquier gobierno local que dé respuestas razonables a problemas que no le son propios, ¿por qué se insiste tanto en que el gobierno municipal dé respuestas frente a una situación en la que no tiene competencia hace más de siete años?”. “Si hubiera habido buena fe, no habrían montado una operación mediática”, deslizó al tiempo que en “involuntaria” confusión bautizó CKN al canal televisivo C5N. “Cuando se observa que de manera sistemática se intenta tirarle por la cabeza a los gobiernos locales, buscando debilitarlos, temas tales como seguridad, educación y salud, que son responsabilidad de los gobiernos centrales y por los que perciben tributos hay mucha hipocresía”, remató.
La sesión comenzó poco después de las 12 en una sala colmada que mostró una barra con preferencias repartidas y algún que otro forcejeo que en el recinto no llegó a mayores, mientras los tweets de ciertos ediles ardían y hablaban de aprietes, golpizas y actitudes patoteriles que luego recibirían amplia cobertura en algunos medios nacionales aún antes de conocerse el desenlace de la sesión.
A poco de despuntar el tratamiento en el recinto Leandro Martín (FpV) expresó que el expediente presentado por el bloque opositor “no perseguía otra cosa que la búsqueda de la verdad y aclarar la situación”. Más adelante explicó que se quería “indagar sobre la responsabilidad del municipio y de la Dirección General de Educación bonaerense, es falso que le queramos echar la culpa al Municipio y hacer la vista gorda con la Provincia. De hecho nuestro pedido de información a la Provincia es aún más extenso que al Municipio”, argumentó. Pero al rato, en un racconto por fechas de comunicados, declaraciones y conferencias de prensa marcó supuestas contradicciones entre los dichos del secretario de Gobierno municipal Ricardo Rivas y el Intendente Gustavo Posse respecto de la habilitación del jardín y dijo que “nos enteramos de la eximición de ABL que el Municipio le otorgó al jardín en 1998, 2001 y 2002”.
TWEETS, APRIETES Y OPERACIONES. Mientras Martín vertía estos conceptos emergían a su alrededor carteles que decían: “+ Justicia – Política”, “Tribilín + Justicia X los chicos” “Los 51 muertos de Once no se tapan con Tribilín”, “Kristina no hagas política con los chicos”, “Menos cadena nacional, más justicia” o “La Provincia ausente”. Martín también denunció que “aparecieron patotas apretando padres. Al hijo del concejal Bringas –dijo- lo cagaron a palos y lo metieron preso”. Y a renglón seguido añadió: “Es vergonzoso, parece que acá el apriete no es sólo del gobierno nacional viene del gobierno municipal”, tiró.
Los tweets por entonces daban cuenta de que “los padres eran alejados del HCD mientras limpian las responsabilidades…chauposse!!!”, rezaban. Y tras cartón en extensa alocución cierto edil sin mucha documentación sustantiva, que polemizó en varios momentos con la barra y la presidencia del cuerpo, abría análisis psicoanalíticos sobre la conducta del Intendente argumentando que este mintió y lo comparaba con las parejas que pasaron por situaciones de engaño. Sencillamente desopilante y poco serio.
En algún pasaje del extenso debate, el concejal Andrés Rolón rápido de reflejos ante lo que muchos calificaron como una operación mediática deslizó “acá no se trata de gobernar a través de las redes sociales” y abundó en detalles: “Estamos acostumbrados a esto, a la denuncia en los medios sociales y a las denuncias de los partidos políticos en la justicia que se afirman y después ni siquiera se presentan, entonces los largos discursos pretendiendo endilgar responsabilidades que tienen como único objetivo un fin político quedan vacíos al momento de hacerse efectivos”.
Rolón explicó que el poder de policía para controlar el trato pedagógico que se brindaba en Tribilín recaía en la Provincia, “la competencia y las facultades las establece el ordenamiento legal”, puntualizó. Respondiendo punto por punto a los reclamos y dejando en claro que se trataba de un tema de competencia provincial, Rolón soltó: “Este es un jardín que tiene más de 18 años y todos lo saben, cuantos caminan La Calabria lo conocen. Cuando se dice que la Municipalidad debería haberlo inspeccionado, explíquenme en qué norma está la facultad para que esta se involucre en el tema pedagógico –inquirió a sus pares-. Nuestros inspectores pueden chequear la cuestión edilicia pero no el manejo pedagógico, esto es pretender endilgarle a la Intendencia responsabilidades que no tiene”, dijo taxativo y recibió un cerrado aplauso.
DIÁLOGO DE SORDOS. Las exposiciones de Fabián Brest y Esther Fandiño volverían a aludir como en un diálogo de sordos a las responsabilidades municipales en lugar de centrarse en el contralor que debería haber ejercido la DIPREGEP sobre el jardín y la calidad de los docentes. “Quién pone en duda el tema de la habilitación es el propio municipio, Rivas y Posse dicen sobre la misma cuestión una cosa distinta”, reiteraba Brest apelando a vieja normativa municipal sin entender tal vez que al ponerse en vigencia la Ley Provincial de Educación, esta establecía que la competencia era estrictamente provincial. Fandiño, por su parte, sugirió un cuarto intermedio para ver la posibilidad de consensuar posiciones entre ambas posturas, cosa que no se dio porque desde el oficialismo entendieron que en todo momento lo que campeó en el recinto fue la “imposición”.
El concejal Jorge Álvarez destacó que “queremos trasmitir tranquilidad a la comunidad sanisidrense por el funcionamiento del sistema de educación privada”. Hizo un relato de lo sucedido tras la denuncia por maltrato a los niños del jardín y señaló que se realizó una primera conferencia de prensa por parte de los funcionarios municipales “con la clara decisión política de trasmitir lo que ocurrió, clarificando los hechos y sin deslindar responsabilidades”. Asimismo se refirió a la segunda conferencia de prensa de la que participaron los funcionarios y el Intendente Gustavo Posse: “Se dejó en claro que el establecimiento no contaba con habilitación y que esto era competencia de la Dirección General de Educación Privada”, explicando que es este organismo provincial quien tiene la facultad de clausurar los establecimientos. Alvarez dijo que el Municipio jamás se negó a dar debate –“no tuvo miedo nunca a la discusión”- pero “no olvidemos que en primer lugar existe una responsabilidad privada”, planteó y luego puso el foco en aquellos que deberían haber realizado el contralor pedagógico –DIPREGEP- y finalmente se preguntó “qué organismo le permite ser docente a quien no tiene la capacidad ética y moral de serlo”. Por último subrayó que “hay confusión en quienes salieron a buscar responsables en el orden municipal”
DE INVERTIR CARGAS Y PARANOIA. La lista de oradores mostraría más tarde un sensible relato del concejal Santiago Cafiero (FpV) invocando a una suerte de interpelación colectiva como vecinos, para que en San Isidro no existan más Tribilines. “Estos hechos tan traumáticos interpelan a toda la sociedad”, dijo Cafiero. “A todos nos pasó que cuando mandamos en transporte escolar a nuestros hijos después de esto empezamos a fijarnos si se tenía la documentación en regla, nos pusimos todos un poco paranoicos en San Isidro –admitió- porque tarea que pensábamos que delegábamos en el Municipio, el Municipio nos falló”, sentenció. En un extraño silogismo Cafiero comparó la educación con el transporte y si bien dijo negarse a refrendar el proyecto del oficialismo porque “invertía la carga de responsabilidad” direccionándola hacia la Provincia responsabilizó al Intendente por todo, “Posse le debe una explicación a todos los vecinos de San Isidro”, sugirió.
Cerrando las exposiciones, Carlos Castellano coincidió en que hubo dos posturas pero llamó a romper con la hipocresía de los discursos y reconocer cómo son las cosas. Dejó en claro que a esa altura del debate por la documentación presentada no debían quedar dudas que el organismo responsable del control educativo era la DIPREGEP. También describió el complejo cuadro educativo bonaerense donde existen 17 jardines maternales para 135 municipios, “¿Quién se anima a decirle a Scioli en forma demagógica de que de ahora en más con este cuadro de situación se pueda garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, inquirió. Explicó que no existen como en otras actividades colegios profesionales que se ocupen del contralor de las calidades de quienes imparten enseñanza y remató mirando a los concejales opositores: “¿Cuál es la verdad que buscamos, la presunción maliciosa de que hubo un funcionario municipal que mintió? A partir de ese prejuicio es muy difícil buscar consensos”.
“Sería irracional exigirle a cualquier gobierno local que dé respuestas razonables a problemas que no le son propios, ¿por qué se insiste tanto en que el gobierno municipal dé respuestas frente a una situación en la que no tiene competencia hace más de siete años?”. “Si hubiera habido buena fe, no habrían montado una operación mediática”, resumió y dejó en claro que se le quiere tirar por la cabeza a los gobiernos locales, buscando debilitarlos temas tales como seguridad, educación y salud, que son responsabilidad de los gobiernos centrales y por los que perciben tributos.
“Al eslabón mas débil de la cadena, aquel que pone el pecho todos los días ante el reclamo del vecino, se lo termina cargando de responsabilidades pero no se les otorgan los fondos ni las facultades para prestar un servicio mejor. Los Municipios salvamos las papas todos los días –describió– , una cosa es que busquemos hacer un aporte solidario dando respuesta a esa demanda social pero no para cargarnos de responsabilidades que no nos competen”, remató.
