Viviendas del Bajo. La Justicia desestimó pedido de indagatoria a Posse y solicitó al fiscal cumplir peritajes técnicos/financieros

 

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14/3/2017.  El juez federal Sebastián Ramos rechazó el pedido de indagatoria al Intendente de San Isidro, Gustavo Posse, realizado por el fiscal Jorge Di Lello en Febrero pasado, en una causa por supuestas irregularidades en la construcción de viviendas sociales en su municipio con fondos nacionales. Para Posse siempre hubo una motivación política detrás de la causa judicial vinculada al massismo. Tras indicar que desde un primer momento “el Municipio colaboró con la investigación” y explicitar que en el lugar donde se iban a levantar las viviendas con fondos del plan federal que impulsaba el gobierno nacional en tiempos del kirchnerismo, se carecía de “estudios de aptitud de suelos, servicios y trazado urbano” el mes pasado el Intendente explicó que solicitó las respectivas pericias para deslindar responsabilidades; sin que estas se realicen extrañamente el fiscal solicitó su indagatoria. En la inteligencia de que ellas esclarecerán la situación, dejó en claro que ante el pedido de llamado a indagatoria se ponía “a disposición de la Justicia; las pericias mostrarán que los hechos denunciados no son ciertos”, argumentaba. Luego de analizar los presentado por las partes el  juez consideró que no existen pruebas que ameriten una citación a indagatoria del Intendente Posse e instó a la fiscalía a realizar peritajes técnicos y financieros.

 

 

Di Lello había requerido citar a Posse al cuestionar la falta de construcción de viviendas en el barrio Martín y Omar. El fiscal dijo que debían edificarse 250 casas en el marco del Plan Federal de Viviendas, pero sólo se hicieron 44 (apenas el 17,6%), mientras que los certificados de obra dieron cuenta de que habían sido terminadas el 99,44% de las viviendas. Para el fiscal, el perjuicio para el Estado nacional ascendió a 31 millones de pesos.

Sin embargo, el juez consideró que no existen pruebas que ameriten una citación a indagatoria del Intendente Posse e instó a la fiscalía a realizar peritajes técnicos y financieros.

La Secretaria de Obras Públicas de San Isidro había explicado el destino de los fondos al señalar que los recursos nacionales suponían la construcción de viviendas en un lugar que ya contara con aptitud de suelos, servicios y trazado urbano, pero que ésa no era la realidad de la zona del bajo de San Isidro, que reúne las características de un bañado. Por eso, indicó, parte del presupuesto nacional se destinó a poner a punto el lugar, pero también a la construcción de las viviendas provisorias para albergar a las familias.

Esta denuncia fue iniciada por Marcela Durrieu, concejal del Frente Renovador de San Isidro y suegra del diputado Sergio Massa, en el marco de la campaña electoral de 2015, en la que se postuló como candidata a intendenta”, manifestaron desde la Intendencia en un comunicado.

Agregaron que este año, también electoral, “el fiscal Di Lello, que imputó al presidente Mauricio Macri el día de su discurso ante la Asamblea Legislativa, avanzó con un pedido de indagatoria a Posse que estuvo más ligado a lograr un impacto mediático que a alcanzar la verdad”. Cerca de Posse agregaron: “Podría estar vinculado a una movida más grande por parte del grupo de fiscales con filiación partidaria que usan a la Justicia con fines políticos”.

 

Fuente: La Nación