En consonancia con la opinión de Massa, el sanfernandino Campbell propone quitar beneficios sociales a quienes usurpen tierras

 

7/9/2020. PROYECTO EN LA LEGISLATURA BONAERENSE. Como se recordará el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, opinó días atrás que el Estado tiene que “hay que sacarle los beneficios sociales” a quienes toman tierras. En esa sintonía, el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio por San Fernando – municipio complicado con la toma de tierras en terrenos del Mitre- Alex Campbell, exsecretario de Asuntos Municipales de la gestión provincial de Vidal, presentó un proyecto de ley para que las personas que usurpen tierras en la provincia de Buenos Aires “no puedan acceder a los programas de asistencias sociales” y acusó al Gobierno de “complicidad” por no avalar su tratamiento en el recinto.

“El proyecto que presentamos era para quitarle los planes sociales a las personas u organizaciones que promuevan o participen de las usurpaciones en la provincia de Buenos Aires que lamentablemente el oficialismo rechazó tratar en el recinto sobre tablas, lo que demuestra la ausencia, el abandono y la complicidad de este Gobierno“, dijo Campbell.

Afirmó que “le estamos pidiendo al gobernador Axel Kicillof que no sean cómplices de las usurpaciones, que reaccionen frente a un delito que se extiende en nuestra provincia”, dijo Campbell a Télam, y destacó que “ese es el objetivo que persigue el proyecto que presentamos los diputados de Juntos por el Cambio para desincentivar la toma de tierras quitándole los planes a aquellas personas u organizaciones sociales que promuevan o participen de las usurpaciones en la provincia de Buenos Aires”.

La restricción que propone el proyecto que presentaron en la Legislatura bonaerense será por dos años a partir del momento en que las autoridades tomen conocimiento del delito de usurpación.

En ese contexto, Campbell advirtió que a los usurpadores les pueden corresponder hasta tres años de prisión, ya que el artículo 181 del Código Penal reprime con prisión de seis meses a tres años a quien cometa esa acción.