Familiares de víctimas deciden no constituirse como acusadores de Sal Lari. Posse: “Existe en ciertos sectores del Poder Judicial una actitud de defensa corporativa inadmisible en un sistema democrático”

18/4/12. Familiares directos y representantes de organizaciones de familiares víctimas de la inseguridad como las Madres del Dolor, AVUPA y otras, se reunieron con el Intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Posse. Tras el encuentro, se convino en la decisión de no continuar con la acusación contra el suspendido juez Rafael Sal Lari en las condiciones actuales para “no legitimar el engaño institucional en curso”. Adujeron temor a represalias, desaliento ante las continuas dilaciones y trabas reiteradas a lo largo del proceso.

NO REACTIVAR EL DUELO

Algunos de los asistentes adujeron, además, temer represalias y plantearon la necesidad por parte de otros familiares, de “no seguir reactivando el duelo por los seres queridos ante cada instancia procesal de un juicio que ya ha tomado casi cuatro años”, en referencia a los años que demandó el juzgamiento del suspendido juez Sal Lari por mal desempeño en sus deberes.

Sal Lari había otorgado la excarcelación a delincuentes que, gracias a ese beneficio, cometieron luego homicidios que afectaron a familias de San Isidro por lo cual el jefe Comunal, en su calidad de abogado y denunciante, había solicitado que se evaluara la conducta del magistrado para llegar a conocer si cometió o no un mal desempeño en sus funciones y pidió que se lo investigue  por varias causas graves.

La semana pasada y tras casi cuatro años de proceso seguido al Juez, la Comisión Bicameral para el Enjuiciamiento de Magistrados –que también se había presentado como parte acusadora de Sal Lari y había desplazado la acusación particular de Posse y los familiares de Carlos Regis – desistió de la acusación. En ese momento, el Jury resolvió que los acusadores particulares podrían seguir adelante con la acusación formulada por la Comisión Bicameral sin definir si pueden continuar o no con la acusación propia.

Esta semana, pese a no definir lo antedicho, el Jury decidió imponer una caución a los familiares de víctimas de $180.000 y fijar audiencia para continuar con el juicio el 30 de Julio de 2012. “Nos quieren llevar a juicio sin siquiera dignarse previamente a considerar la decena de causas presentadas previamente”, afirmó una víctima directa de la inseguridad.

Para llegar a esta instancia, sostuvo Posse, han sucedido a lo largo de todo el procedimiento “un sinnúmero de cuestiones procesales o externas que tienden un manto de sospecha respecto a la transparencia o arbitrariedad con que se ha tratado el tema tanto dentro del expediente como fuera de él”.

El Intendente de San Isidro mencionó, como ejemplos, audiencias del Jury suspendidas por la renuncia sorpresiva de un integrante; una Comisión Bicameral que, en lugar de representar el interés de la víctima fue presionada primero para que no acuse y luego para que desistiera de las acusaciones realizadas; juzgamiento de Sal Lari por sólo un caso de los nueve presentados –precisamente aquel que sería considerado como mera “falta grave” a pesar de que pudo haber representado la privación ilegítima de la libertad de un ciudadano por parte de un Juez-; como numerosas dilaciones injustificadas y la intervención de magistrados ajenos a la causa emitiendo opinión sobre la misma.

“SOLICITÁBAMOS IGUALDAD ANTE LA LEY”

“Sólo solicitábamos que existiera igualdad ante la ley, que se pudiera en el marco de las instituciones republicanas evaluar el desempeño de un magistrado –observó Posse-; ni que se lo condene ni que se lo exculpe, humildemente solicitábamos que se revisaran la calidad de sus fallos para evitar tanto que la Justicia otorgue libertades a personas peligrosas, como que se prive de libertad a gente inocente. Advertimos que existe en ciertos sectores del Poder Judicial una actitud de defensa corporativa inadmisible en un sistema democrático puesto que cualquier ciudadano debiera ser pasible de ser evaluado en sus conductas cuando éstas afectan a terceros”.

En el encuentro mantenido se ratificó que la intención de llevar a juicio político a un juez nunca fue la de atacar al Poder Judicial, o menoscabar su independencia. A lo largo del proceso, los acusadores destacaron que “se pretendió que un magistrado denunciado sea sometido a proceso conforme lo autoriza la Constitución Provincial, dentro de ese procedimiento”.

“Esto le hace daño a la Justicia, porque da la impresión de que es imposible que un ciudadano común pueda pedir que se investigue a un juez que fue acusado por distintas personas y en una decena de causas pese a que la ley lo autoriza. Es imposible porque pareciera que se entra en un laberinto desgastante que desalienta cualquier acción o pedido de investigación”, concluyó Posse.