MALDONADO. Intendencia diversificará modalidad constructiva. Vivienda social: EFICIENCIA al MENOR COSTO
22/02/11. El Intendente de Óscar De los Santos junto al secretario general maestro Gustavo Salaberry y las jerarquías de la dirección general de Integración y Desarrollo Social, entre las que se encontraba su titular Ana Lucía Dotti anunció ayer por la tarde que habrá cambios en la forma en que se construirán las soluciones habitacionales y una detención de un mes en las unidades en ejecución. Durante la conferencia se habló de un impasse para hacer más eficiente el programa y se hizo referencia a un encuentro con responsables del Ministerio de Vivienda del Uruguay para que la cartera aporte y participe de los distintos planes habitaciones convirtiéndose en el brazo ejecutor para tener las viviendas terminadas.
El intendente De los Santos afirmó que hay fraccionados 1.400 solares en el marco del programa de vivienda con construcción por ayuda mutua. En la actualidad existen quinientas unidades habitacionales cuya ejecución “puso de manifiesto dificultades de la administración y de la sociedad civil” para avanzar con esta modalidad, sostuvo el jefe departamental.
De los Santos dijo que analizan “incorporar modalidades constructivas que aseguren la entrega de una vivienda semi terminada con sanitaria, instalación eléctrica, techo y aberturas y otras concluidas para alquiler y arrendamiento con opción a compra”.
“Queremos incorporar al sector privado en la inversión inmobiliaria y el estimulo para este sector –añadió- . Es más, esto se imbrica con una serie de medidas nacionales en planes habitaciones que alientan con una serie de medidas como exoneración de impuestos, reducción del IVA y otros mecanismos a los inversores para colocar viviendas en el mercado con opción alquiler o de compra. Luego se utiliza al sistema financiero como un elemento válido en una sesión contra hipoteca”.
La administración analiza cómo culminar las quinientas viviendas en ejecución y de qué manera se harán las restantes.
En este marco hubo una reunión con la dirección nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA); Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI); Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
BARAJAR Y DAR DE NUEVO: UN ALTO NECESARIO
El Intendente explicó que caducó el acuerdo con la ONG que se encargaba de la gestión del programa y que se negocia una prórroga para definir el llamado al que se presentó otra entidad.
De los Santos dijo que hay una negociación con los obreros, las familias que autoconstruyen y el SUNCA para el proceso entre la salida de una ONG y la llegada de otra, por el que se paralizarán las obras entre veinte y treinta días, para readecuar los programas a las necesidades. La necesidad de tiempo entre la salida de una ONG y la entrada de otra requiere abrir un compás de espera de entre 20 y 30 días y, obviamente,”readecuar los programas a las necesidades existentes”.
“Hay programas que van a seguir por ayuda mutua, y otros no” (entre estos últimos destacó que existen algunos “onerosos y altamente ineficientes”), afirmó el jefe departamental.
El Intendente planteó cómo se concentrarán los recursos humanos en aquellas viviendas en marcha próximas a terminarse y de qué modo se adecua esto con una serie de procedimientos que van desde la licitación y nuevos llamados para terminar la compra de materiales y cómo se cumple la finalización en los próximos dos años. “Algunos terminarán antes, porque están bastante avanzados – adelantó -.pero nos hemos establecido un plazo máximo de dos años. Esto se ha planteado en forma abierta en asamblea”.
La administración resolvió una auditoría interna con respaldo técnico exterior para definir los costos de vivienda producidas por la Intendencia con los de la ANV y el sector privado.
“La ayuda mutua tiene un valor agregado” -reconoció el Intendente- aunque precisó que cuando las respuestas de esos grupos son diferentes, las líneas de construcción también deben diversificarse.
“No queremos atarnos a una única forma de producción de viviendas, si el valor final es bastante superior a lo que debiera”, evaluó De los Santos.
“Lo que se revisa es la metodología constructiva de cara a los nuevos programas presupuestales”, observó De los Santos al tiempo que confió que este variado temario ha sido debatido con los trabajadores de la construcción y su sindicato, los aspirantes a las viviendas y con aquellos que han sido pasibles de una adjudicación y aún no ha comenzado su programa.
Ante una requisitoria el jefe comunal puntualizó que existen en construcción unas 500 viviendas en todo el departamento, no obstante hay predios fraccionados para levantar unas 1400 unidades habitacionales. “Con la nueva ordenanza que enviamos a la Junta, en esa diferencia entre las 500 y 1400, aplicamos normas que permitan mayor cantidad de construcción, estaríamos reduciendo los costos fijos de infraestructura –barruntó-, esa es una línea de trabajo. La segunda, es que quien ya tiene avanza la obra la pueda terminar en un plazo menor de dos años; algunos la finalizarán dentro de 6 u 8 meses porque están muy adelantados. Este proceso va de la mano con los desafíos que tenemos en carpeta para este presupuesto”.
De los Santos advirtió que de alcanzar un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia, la cartera nacional será el brazo ejecutor para tener las casas terminadas. “Esos planes, las terminadas y a comenzar hablan de un enorme desafío del orden de las 2200 viviendas, eso incorpora la canasta de tierra, banco de materiales y se traduce en mejora de hábitat y programas íntimamente ligados con la erradicación de asentamientos”.
LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
Parte de este proyecto se financiará con un fideicomiso de tierras. Actualmente la Intendencia elevó tres líneas de fideicomiso de predios, sujetos a consideración de la Junta: uno para la construcción de carácter social con el fin de solventar planes habitacionales, otro para edificar en Centro de Convenciones y Predio Ferial y un tercero para avanzar con el último tramo de la Perimetral.
La otra fuente de financiación provendrá del proyectado aumento de la contribución por franjas. “Estas dos variables se tienen que dar – detalló el Intendente aludiendo al fideicomiso y al incremento fiscal- porque el presupuesto pasa de casi 3000 millones de pesos del quinquenio anterior a 4500 millones de inversiones”, contabilizó y explicó que el orden de prioridades serán las viviendas de interés social, el Centro de Convenciones y por último la Perimetral, en ese orden.
La directora General de Integración y Desarrollo Social, Ana Lucía Dotti precisó que con este impasse para barajar y dar de nuevo en este proceso por cumplir con el sueño de la casa propia que involucra a no pocas familias lo que se persigue es cumplir con uno de los principales mandatos: la eficiencia y la eficacia. La funcionara expresó que en el encuentro con el Ministerio lo que se busca es que la cartera desembolse la misma cantidad de fondos que aporta la Intendencia. “Fuimos en representación de los vecinos y vecinas de Maldonado para peticionar esos fondos y poder avanzar en este mecanismo de financiamiento”, soltó.
En el entretanto, las autoridades técnicas del área explicaron que se dialogó con cada una de las familias involucradas notificándolas de la situación y más allá del parate administrativo, lo que cosecharon es un fuerte respaldo y respeto por parte de los vecinos que participan de los distintos planes sociales. Resta decir que la Intendencia desarrolla diferentes proyectos habitacionales en San Carlos, Aiguá, Pan de Azucar y Las Flores apuntando a la radicación de los vecinos en sus propios barrios y lugares de residencia fomentando los lazos sociales de las familias con su entorno.
