300 hectáreas, en el Delta, frente a San Fernando. COLONY PARK: la fiscal Molina solicitó cese preventivo
27/08/10. Desde hace un par de años va cobrando forma frente a la costa sanfernandina, en territorio del Delta tigrense, el emprendimiento Colony Park. La fiscal federal Rita Molina pidió el cese preventivo de las obras hasta que se haga una evaluación del impacto causado al medio ambiente. Los isleños denuncian desalojos y robos, consignó el matutino Tiempo Argentino.
El portal Tiempo Argentino informó hoy que a partir de la denuncia de un abogado que representa a familias de la zona del Delta de Tigre, la fiscal federal de San Isidro, Rita Molina, presentó un pedido para que se “ordene preventivamente el cese de las obras” hasta que se realice una evaluación del daño causado al ambiente y a los isleños afectados.
La funcionaria también advirtió sobre los posibles delitos de los que habrían sido víctimas los isleños, quienes denunciaron que sus viviendas fueron destruidas por el avance de la obra.
Se trata de Colony Park: “el primer desarrollo de vivienda permanente en una verdadera isla del delta argentino”. Tal es el argumento de seducción con que es presentado en Internet un megaemprendimeinto inmobiliario que ofrece a sus clientes “desurbanizar” sus vidas en una isla exclusiva de San Isidro. Pero no todo es tan idílico en este paraíso natural privatizado, ya que, según una denuncia penal, con la construcción de Colony Park “se estaría alterando el uso del río y las funciones ecológicas del ecosistema deltaico del Río Paraná”, causando “daños por estrago” a todo el ecosistema y a los isleños.
La isla donde la empresa comenzó a construir, sin contar con el estudio de impacto ambiental necesario, se encuentra delimitada por el Río Lujan y el Canal Vinculación y abarca unas 300 hectáreas ,“a sólo 1000 metros de los tradicionales barrios náuticos y por ende, de la Avenida del Libertador”, según publicita la empresa Colony Park SA.
Según el pedido de la fiscal Molina, desde que comenzó la obra, dos máquinas dragadoras excavaron el lecho del río durante las 24 horas del día y ese material fue utilizado para elevar el terreno de la isla desde los 80 centímetros que tiene naturalmente hasta más de 4 metros, y así poder construir calles y lagunas artificiales en su interior.
Estos cambios habrían modificado el ecosistema de la zona, que se encuentra en un valle de escurrimiento de humedales, el sitio de reserva y purificación de agua y que funciona como un amortiguador de inundaciones. Algunos indican que tradicionales clubes de la zona con islas como sedes insulares estarían perdiendo esos territorios a causa de los cambios que modificaron el curso del río produciéndose el progresivo lavado del suelo sedimentario de los islotes.
La denuncia penal que derivó en la intervención de la justicia fue radicada en Junio de 2008 por el abogado Enrique Ferreccio, que representa a varias familias residentes en la zona, y recayó en el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.
Allí denuncian que las modificaciones en el entorno que generaría este megaemprendimiento provocarían un impacto irreparable en el ecosistema del Delta y lo consideró “incompatible con el concepto de desarrollo sustentable”.
Además del supuesto daño ambiental inmediato que denuncian los vecinos producido por el dragado del río, el cierre de arroyos y el hecho de arrasar la vegetación, habría una serie de problemas que surgirían cuando se terminen de construir las tres etapas del proyecto (de unos 980 lotes).
Según la denuncia, en la urbanización se prevé que vivirán unas 4800 personas, lo que superaría en número al total de personas que actualmente viven en las islas en el Delta, donde residen 4000 personas en un territorio de 20 mil hectáreas. A esto habría que sumarle los 1000 vehículos que circularían entre la isla y el continente, a través de un transbordador.
Ferreccio advierte en la denuncia “la desproporción en la densidad poblacional entre Colony Park y el sector islas, con el agravante de que en el emprendimiento inmobiliario las personas portarán automotores, a diferencia de los isleños”, y explica que “la introducción de vehículos en un área pequeña, la densidad poblacional saturada, la generación de efluentes líquidos y sólidos urbanos, genera un cambio funcional al bajo delta, alterando sus funciones ambientales”.
El daño no sólo sería ambiental. Desde hace dos años, cuando comenzó el desmalezamiento y el elevamiento de la isla, aseguran que habría ocurrido también una persecución hacia los habitantes locales, junqueros y pescadores, residentes de más de 20 años, cuyas precarias viviendas fueron removidos de los lugares comprendidos entre los arroyos Pacú y Anguila.
“Empezaron en agosto de 2008”, recordó un isleño y contó: “Me había ido a pescar y cuando volví al rancho, encontré que no había nada, la empresa había tirado todo, había empezado a desmontar y a hacer los terraplenes.” Otro señaló: “Colony Park destruyó totalmente el arroyo Anguilas y nos dejó sin trabajo a todos los que vivíamos en la isla.”
“A los efectos ambientales se suman los efectos sociales y culturales inmediatos que tiene sobre la población local, que vio su forma de vida y sus hogares destruidos por topadoras y motosierras”, describe el artículo de Tiempo y remata: “Para subsistir, unos 18 isleños se agruparon en la Cooperativa Isla Esperanza (ver aparte), que les permitió seguir con la cosecha de juncos y la elaboración de productos artesanales: cortinas, paneras, canastas. Fueron más de dos años en que Colony Park SA realizó desmontes, movió tierras, desalojo gente, dragó ríos y arroyos sin, desde luego, un mínimo estudio de impacto ambiental”.
Fuente: Tiempo Argentino
