Junto a vecinos del Viejo Hospital, Posse dijo: “Veremos quiénes están vinculados a esta operación para producir un perjuicio patrimonial a un municipio”
18/05/10. Tajante el jefe comunal dio a entender que tras el juicio por el destino del Viejo Hospital, que demandó seis años de litigio y finalmente le dio la razón al municipio y allanó el camino para que se concrete su venta, “está el poder de algún sector político”. En rueda de prensa el Dr. Posse habló del daño patrimonial que todo este proceso generó y deslizó que detrás de la “supuesta asociación civil” (así definió en más de una oportunidad al Centro para la Cultura y Participación Brazos Abiertos anexo Biblioteca Popular al que no mencionó) hay otros actores que querían reeditar una situación de ahogo similar a la del Juicio de Fátima. Tanto la seña depositada en resguardo de los intereses de la comuna, cuanto el resto del monto a pagar han sufrido una sensible devaluación producto del paso del tiempo por lo que convocó a una “comisión de notables” para que evalúen las pérdidas. Descontó – claro está- el inicio de acciones legales resarcitorias contra los responsables de la entidad y quienes desde la sombras, por mezquinos intereses políticos, prestaron apoyo a una maniobra, destinada solo a demorar y entorpecer el normal desarrollo de la zona y, en definitiva, perjudicar a la comunidad toda. La comisión revisará lo actuado y reclamará a la “asociación civil como personas físicas, cuál es la responsabilidad patrimonial, personal y solidaria respecto de la pérdida de calidad de vida por parte de los vecinos”. 
También el Intendente cuestionó la actitud de dos camaristas de San Martín que “legislaron en sus votos” (“al expedirse en el fallo incluyeron cosas que no estaban planteadas por las partes”, remarcó). y la de un magistrado que en la Provincia, “demoró dos años en emitir el fallo”. Posse reiteró que “en los argumentos brindados (por los camaristas y el juez) hay cuestiones partidarias” y observó que “existe una Argentina oscura”. “Nosotros buscamos que se sepa la verdad respecto de todo esto – dijo-. Hay una Argentina que no se ve y en ella ocurren estas cosas. Antes situaciones como estas no se daban, esto de utilizar supuestos grupos, entidades, apelar a sentimentalismos hablando de la medicina para generar falsas controversias. Hemos sufrido en estos seis años, no lo planteamos antes, pero queremos abrir los ojos respecto de estas cuestiones oscuras que ocurren en nuestro país”, remató.
En las últimas horas, como informó oportunamente CONtinta NORTE se conoció el fallo del mas alto tribunal de la Nación que -con la firma de los magistrados Elena Highton de Nolasco, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay-, desestimó por “inadmisible” (art 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), el recurso de queja presentado por el denominado Centro para la Cultura y Participación Brazos Abiertos anexo Biblioteca Popular” contra la comuna sanisidrense.
Terminaba así un proceso de 6 años y monedas que frenaba la venta del viejo hospital de San Isidro para que se desarrolle en el predio de Primera Junta y Juan José Díaz un complejo inmobiliario de neto corte residencial y baja densidad destinado a elevar las condiciones de vida de la zona. Ya no tendrían que lidiar los vecinos linderos con todos los contratiempos que generaba un viejo y obsoleto hospital, las ambulancias, el incesante flujo de pacientes y hasta una morgue judicial que llegó a funcionar allí, pero una vez decidida su venta se inició un proceso que poco tenía que ver con el desarrollo y sí con marchas, denuncias, abrazos simbólicos y todo lo imaginable para dilatar la operación.
“Lamentablemente la Justicia trabó la venta del inmueble y yo como vecina directa de ninguna manera puedo aceptar que el Centro Cultural Brazos Abiertos hable en mi nombre”, le confió a quien esto escribe María Marta Torres, una vecina del barrio El Mondongo que no se resignaba a vivir junto a un edificio abandonado. “Aspiro, como cualquier ciudadano que habita este suelo a que cualquier persona tenga derecho a terminar sus días en un lugar digno y no en un edificio contaminado, viejo y en mal estado. La gente mayor o los discapacitados mentales merecen respeto, por eso no quiero un geriátrico o un hogar sino que se venda porque soy consciente que se debe embellecer la tierra que legaron nuestros mayores y no convertirla en un basural. Todos tenemos derecho a una mejor calidad de vida”, rogaba esta vecina que veía como desde una entidad con personería jurídica en La Plata, pero sin reconocimiento oficial como asociación de bien público a nivel local se lograba empantanar todo un desarrollo y los sueños de un barrio se desmoronaban para que la suerte del edificio se dirimiera en los estrados judiciales.
El Municipio que también había cifrado no pocas expectativas en esa venta para solventar el costo de la apertura del Hospital Central –lo cual significó un salto cualicuantitativo que mejoró sensiblemente el servicio de salud de los sanisidrenses- veía como los tiempos se dilataban en un proceso que demandó seis años de litigio.
INCREÍBLE, PERO REAL
“Que una entidad a la que no se le conoce actividad haya mantenido un juicio por tantos años, perjudicando a este municipio, que es uno de los más importantes del país, y a una zona residencial afectando a sus vecinos en su calidad de vida llama mucho la atención. Sin dudas detrás de esta asociación civil (Centro para la Cultura y Participación Brazos Abiertos anexo Biblioteca Popular) está el poder de algún sector político. Esta historia es increíble”, señalo el Dr. Gustavo Posse a la hora de trazar un balance sobre un proceso que “en el fondo lo que buscaba era que tengamos un juicio como el de Fátima”
La conferencia de prensa celebrada pasado el mediodía en su despacho tenía por fin anunciar el futuro de la zona y las medidas y acciones legales que el municipio y los vecinos afectados durante ese extenso interregno judicial tomarían por sí y en conjunto sobre aquellos que trabaron en el tiempo el desarrollo y perjudicaron económicamente a la comuna.
El encuentro contó con la presencia de un puñado de residentes del barrio, afectados en su calidad de vida por el prolongado abandono del predio; de la presidenta del Concejo Deliberante, Rita Kuzis; el secretario de Gobierno y Administración, licenciado Héctor Prassel, el subsecretario General, Dr. Ricardo Rivas y demás funcionarios.
“Cuando se decidió vender el viejo hospital y trasladarlo al actual en Av. Santa Fe, el predio ya estaba obsoleto. Todo estaba bien. Ya había un comprador, que pagó una seña del 30 por ciento del valor y los vecinos estaban conformes porque, sin el hospital, la zona se convertía totalmente en residencial. Pero apareció esta entidad que con acciones legales interrumpió la construcción de este complejo de viviendas de baja densidad. Y hoy, después de seis años, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la comuna puede disponer del predio. Se perdió muchísimo tiempo, con daños para los vecinos de San Isidro”, dijo luego Posse en conferencia de prensa.
“La obra del actual Hospital Central se iba a hacer con dinero proveniente de la venta del viejo hospital, pero como se trabó la venta se utilizaron recursos del presupuesto municipal afectando lógicamente otras partidas. La comuna hizo un enorme esfuerzo de administración”, contó el jefe comunal al tiempo que anunció que la economía forzosa demandó recortes de obras en Boulogne, Villa Adelina y Beccar
Según explicó Posse, la empresa que construirá el complejo de viviendas (AG Producciones S.A) pagó en el año 2004 un 30 por ciento del valor del predio, unos 1.200.000 pesos y decidió no retirarlos y aguardar la decisión final de la Justicia. Ahora podrá continuar con su proyecto inmobiliario.
“La comuna decidió mantenerse de manera cauta y aguardar la decisión final de la Justicia. Este es un municipio que no tiene juicios ni quiere tenerlos. Ahora nos queda investigar quiénes están atrás de esta entidad que tanto daño causó a la comuna, especialmente a los vecinos cercanos al viejo hospital que durante seis años vivieron con un predio abandonado, con todos los problemas que ello implica”, dijo el intendente Posse.
Adelantó, también que se iniciarán acciones para que el municipio y los vecinos sean resarcidos por tanto perjuicio sufrido. En tal sentido, se buscará que los responsables de dicha entidad, así como quienes desde las sombras le dieron su apoyo político, respondan patrimonial y solidariamente.
COMISION QUE ECHE LUZ
Posse explicó que una comisión de notables analizará toda esta cuestión y deslizó irónico: “No creo que la señora que aparecía con un perrito en los brazos haya mantenido un juicio y litigado por tantos años con uno de los principales municipios del país hasta llegar a la corte federal; tampoco porque consiguieron centavos a la salida del tren creo que pudieran solventar y hacer el depósito en la corte nacional”, dando a entender que detrás “está el poder de algún sector político”.
El Intendente consideró que también será materia de análisis la actitud de dos jueces de la Cámara de San Martín que al emitir el voto en lugar de abocarse a lo planteado por las partes, “legislaron como solemos decir los abogados”. “Al expedirse en el fallo incluyeron cosas que no estaban planteadas por las partes –puntualizó-. También vale preguntarse porqué en la Provincia algún juez demoró dos años en expedirse. En los argumentos brindados hay cuestiones partidarias”, dijo.
Como se informó, con la firma de Elena Highton de Nolasco, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, el más alto tribunal de la República desestimó por “inadmisible” (art 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), el recurso de queja. Con anterioridad, en la cuestión habían intervenido la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, la Cámara de Apelación en los Contencioso Administrativo de San Martín y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
En un país donde las decisiones de los máximos tribunales no suelen acatarse de buen grado – por caso La Haya se expidió de modo inobjetable sobre la contaminación del río y aún persiste el corte que perjudica a la hermana República Oriental del Uruguay– cuesta creer que todo concluya aquí pues en la conferencia se ventiló que circula un mail de la entidad convocando a definir las medidas a seguir. “A aquellos que obren de buena fe se los tratará de esclarecer, pero a quienes obren de mala fe, veremos si están vinculados a esta operación para producir un perjuicio patrimonial a un municipio”, remató Posse y no ocultó que el fin último de algunos era el de reeditar una situación de ahogo similar a la del Paseo de Fátima.
Lo cierto es que a partir de ahora, el camino está expedito para que se concrete la operación inmobiliaria y finalmente ese zona de Díaz y Primera Junta dé un salto que se traduzca en una mejor calidad de vida para el conjunto.
Zanjada ya la cuestión y sin necesidad de penetrar en exquisiteces jurídicas, la posibilidad de que un municipio careciese de facultades para decidir qué hacer con sus bienes y esto quedara sujeto a la decisión de una entidad poco conocida que se arrogue el derecho de gran decisora sobre los intereses del conjunto, resultaba por cierto, un tanto peligroso.
Sin más, esta práctica podría devenir en que cualquier entidad, tal vez sin ser representativa de los verdaderos vecinos del lugar y con poder inmediato para atender los problemas de éstos, desconozca lo resuelto por las autoridades debidamente electas y constituidas. A la hora de tomar partido sobre el futuro de una zona lo indicado sería advertir que los verdaderos valores de un barrio no están en los edificios o en sus árboles sino en la gente que lo habita. Entender sus problemas y respetar sus necesidades hace a las normas más elementales de vecindad.
