Reclaman el juicio político a un juez de San Isidro. Se trata de Rafael Sal Lari. Mañana un Tribunal lo estudiará a puertas cerradas

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2/12/09.El intendente Gustavo Posse junto la agrupación Madres del Dolor, acompañó en el pedido a la familia de Carlos Regis, asesinado por un delincuente excarcelado por el juez Rafael Sal Lari. La hija Carla consideró co responsable al magistrado del asesinato de su padre y de que ella haya sufrido heridas de gravedad. En la ocasión, se dio lectura a una declaración en la que la familia explica que presentarán “una denuncia contra el juez de Garantías, funcionario que no escucha el clamor popular que pide desesperadamente se proteja su vida y termina beneficiando asesinos, violadores y ladrones o deja encarcelada a gente humilde, inocente, pese a que un tribunal superior dispusiera su libertad muchos meses antes”

 

 

 

os-regishermanCarla y Alejandro Regis, hijos de un ingeniero asesinado por un delincuente que gozaba de una excarcelación concedida por el juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari solicitaron hoy en rueda de prensa su juicio político.

 

Respaldados por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse y familiares de otras víctimas como las Madres del Dolor leyeron una carta dirigida al Tribunal de Juicio Político que mañana tiene que definir si inicia o no la instrucción contra el magistrado.

 

“Estamos preocupados por los antecedentes de otros pedidos que no prosperaron”, deslizó Posse, que es abogado patrocinante de la familia y ya denunció al juez por el caso.

 

Viviam Perrone, titular de Madres del Dolor, recordó que ya en el 2007 la entidad había solicitado el juri de enjuiciamiento del magistrado pero éste no prosperó.

 

Ni nos avisaron de esa primera audiencia y nos anoticiaron dos o tres meses después que no fueron suficientes la pruebas – se lamentó Perrone-. Esas dilaciones en la Justicia provocan un desgaste emocional, un perjuicio económico para los familiares de las víctimas. La justicia lenta, no es justa y ocasiona más muertos. En el caso de Sal Lari está a la vista que no sirve como juez a la comunidad; ya en el 2007 pedimos su destitución y no prosperó, lamentablemente acá están los resultados”.

 

En rueda de prensa los hijos de Regis dieron lectura a una carta dirigida al Tribunal. “Consideramos que este magistrado es co responsable de que hoy en día muchas familias se encuentren destruidas, entre ellas la nuestra, ya que fue él, merced a una caprichosa interpretación de la ley, arbitraria y carente de toda lógica o sentido común quien en marzo de 2008 deja en libertad a una persona, si se puede llamar persona, detenida y hoy acusada de haber arrebatado la vida de nuestro padre y haber puesto en riesgo la mía disparándome en el rostro y brazo provocando graves heridas“, leyó Carla quien estaba rodeada por su hermano, Viviam Perrone, Sofía Mata, la viuda del capitán Garrido y los familiares del caso Ferla de Boulogne.

 

 

En la reunión con los periodistas, los familiares víctimas de la delincuencia dieron a conocer ocho causas por las que fuera denunciado el juez Sal Lari de modo tal que pueda ser investigado por el Jury de Enjuiciamiento.

 

 

 

En ese sentido, además de la eximición de prisión de los asesinos del ingeniero Regis, figuran la denegación de detención de dos presuntos violadores, la excarcelación de un abusador, la libertad a un imputado por robo y abuso sexual, medidas alternativas y morigeradas a los imputados por el robo del Banco Río, denegación de allanamientos en lugares de comercialización de estupefacientes y denegación de libertad a un ciudadano que estuvo más de siete meses detenido luego de haberse dispuesto su libertad provisoria.

 

 

 

Los memoriosos recordarán que el  17 de julio de 2008 dos delincuentes asesinaron a Carlos Regis e hirieron a su hija de un disparo en la cara, que en su recorrido también produjo la fractura del húmero izquierdo. Uno de los delincuentes había sido liberado

por Sal Lari.

 

 

posse-regisPosse observó que existían antecedentes previos para que los delincuentes no gozasen de libertad. “Viendo que se trataba de delincuentes violentos, que habían sido detenidos en marzo de 2008, que contaban con armas potentes, utilizaban balas que mutilan y se aplican para caza mayor y que uno de ellos contaba con una condena de robo con violencia en suspenso, todo hacía pensar que el juez dejaría a los asesinos en prisión para que fuesen a juicio y no ponerlos inmediatamente en libertad, lo cual hizo que a los 60 días produjeran la tragedia en la casa de los Regis”, relató Posse al tiempo que observó: “Si no se hubieran producido esas libertades de un modo tan sencillo hoy el ingeniero Regis estaría vivo y su hija Carla no hubiese padecido lo que sufrió”.

 

Paradójicamente, mientras sucedía la rápida liberación de los delincuentes que finalmente acabaron con la vida de Regis, se producía la detención de un vigilador que debió purgar 8 meses en prisión siendo inocente hasta que finalmente quedó en libertad por el beneficio de habeas corpus.

 

 

“HAY QUE VER DE QUÉ LADO SE ESTÁ”

 

 

 

 “Con ese detenido, que era inocente, se olvidaron de sus derechos – destacó Posse-, pero quizás, si hubiese sido culpable, esos mismos magistrados se hubiesen apurado en su accionar. Hay un desajuste actitudinal, hay que ver de qué lado se está: si del clamor de la gente o de los delincuentes”.

 

 

El jefe comunal, un hombre de Derecho, consideró que el método de juicio político es un modo útil de control de gestión social, pero estimó que la dilación en los procesos judiciales tiende a lograr que los denunciantes desistan de su accionar. “El sistema es perverso –opinó-, si esta familia no se hubiese unido y logrado el respaldo de las Madres del Dolor y de abogados, este caso hubiese quedado en la nada”

 

 

“La batería de medidas que presentó el Gobernador, son un gasto inútil con jueces como Sal Lari, porque no van a servir”, dijo Perrone, al ser consultada por la prensa.

 

 

 

Mañana se realizará la audiencia a puertas cerradas en el Senado, pero los familiares de las víctimas viajarán a La Plata para enterarse de la decisión del Tribunal de Juicio Político, integrado por el presidente de la Corte, tres senadores, dos diputados  y cinco conjueces.